Desmunicipalización, todavía incompleta

Columna de Gonzalo Muñoz en Voces de La Tercera.

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La educación pública escolar se encuentra hoy en una situación en extremo compleja. Matrícula cada vez más minoritaria, desfinanciamiento en parte importante de los municipios, incumplimiento de compromisos con los docentes y asistentes de la educación, son algunos de los elementos principales que hoy caracterizan esa crisis. Esta situación se debe a diversos factores estructurales, donde uno de los principales tiene que ver con la incapacidad del sistema municipal para hacerse cargo, con calidad, de la educación pública. Es por esta razón que, ya desde hace varios años, tanto el mundo social como académico (y parte del político) ha ido advirtiendo sobre la urgencia de un proceso de desmunicipalización, como paso ineludible para la recuperación de la educación pública. Nuestra historia educacional reciente ha confirmado con creces esa necesidad: prácticamente todas las políticas y programas de apoyo dirigidos a la educación pública han fracasado, debido a la ausencia de un esquema institucional adecuado, con capacidades y recursos que permitan sacar adelante a la educación pública.

El proceso de trámite legislativo de la desmunicipalización, luego de prácticamente dos años de discusión, está llegando a su fin, por lo que es fundamental que en esta última fase se expliciten aquellos aspectos que todavía debilitan el valor de un proyecto que sin duda apunta en la dirección correcta, pero que hoy pone en riesgo su objetivo fundamental: constituir un sistema coordinado de educación pública, que cuente en todo el territorio nacional con las condiciones para mejorar la calidad integral de la educación pública y transformarla, como ocurre en casi todas partes del mundo, en el “faro” que orienta a todo el sistema educativo y que educa a la gran mayoría de la población. Vale la pena distinguir entre algunas correcciones urgentes (que habrá que resolver en las próximas semanas) y entre otros complementos indispensables para el éxito de esta política, que deberán enfrentarse decididamente en los próximos años.

En el cortísimo plazo, tres son los problemas principales que sigue teniendo el proyecto. El primero de ellos es que, fruto de las últimas indicaciones aprobadas en el Senado, se introdujo una incertidumbre completamente innecesaria, que afectará negativamente a las comunidades educativas, al dejar (de manera inédita en procesos de este tipo) en el Presidente de la República del año 2022 la potestad discrecional para cambiar completamente el calendario de implementación. Como en cualquier proceso de política pública de esta complejidad, una decisión como ésta debiera ser una medida de fuerza mayor sólo si es indispensable y, por cierto, resuelta soberanamente por el Congreso Nacional.

La segunda gran debilidad del actual proyecto es que permite que, voluntariamente, los municipios que “lo hacen bien” (debido a la desigualdad de los municipios y a la estrechez de las medidas de calidad que se utilizan para estas categorizaciones, el solo uso de este término es completamente cuestionable) posterguen indefinidamente su ingreso al sistema. Esto merma el objetivo de hacer de la educación pública un espacio de colaboración (¡y no de competencia, ahora entre municipios y Servicios Locales de Educación!) y de construir un verdadero sistema nacional, con pertinencia local, generando un incomprensible modelo híbrido donde desmunicipalizar es prácticamente un “castigo”. Por lo mismo, esta excepción debe ser eliminada o bien circunscrita a un período de tiempo no mayor al del proceso completo de desmunicipalización, que hoy estaría terminando el año 2025.

La tercera debilidad del proyecto actual es que no resuelve la deuda que los municipios han ido contrayendo con los profesores, profesoras y asistentes de la educación, sobre todo en el último tiempo. No es sensato desmunicipalizar sin al mismo tiempo resolver este problema, garantizando que las deudas previsionales y salariales sean íntegramente cubiertas por el Estado, antes del traspaso al nuevo sistema. La Nueva Educación Pública requiere iniciar su implementación demostrando el valor del traspaso a un sistema en el cual el Ministerio de Educación vuelve a hacerse responsable y garante de los derechos de sus trabajadores, hoy vulnerados por el sistema municipal.

Los tres cambios ya descritos son fundamentales para tener una desmunicipalización de verdad. Sin embargo, también es cierto que este proceso de cambio institucional deberá ser complementado en los próximos años, al menos, por un nuevo sistema de financiamiento (que hoy asfixia principalmente a las escuelas públicas), por una política decidida de ampliación de la infraestructura y de la matrícula pública en todo el territorio nacional (pues el estado no puede ser neutral respecto a sus propias escuelas y liceos) y por una reforma pedagógica del sistema escolar, (lo que implica reformular el currículum y el sistema de evaluación de la calidad, además de seguir avanzando en condiciones para una mejor docencia, tanto en el sector público como privado subvencionado). La desmunicipalización debe ser entendida como un primer paso para recuperar y poner en el centro de la atención nacional a la educación pública. Es hora de comenzar a discutir sobre cómo profundizar el actual proceso con más y mejores políticas para una Nueva Educación Pública.