26 / 07 / 2018
Voces, La Tercera. Columna de Gonzalo Muñoz.
Publicación original AQUÍ.
Más allá de las controversias regulares que el ministro Varela genera con sus intervenciones públicas (la idea de los bingos para resolver los problemas de infraestructura de las escuelas es la última de ellas), luego de más de cuatro meses de gestión del gobierno del presidente Piñera en educación, vale la pena un análisis detallado de lo que ha ido ocurriendo con esta importante agenda. Se distinguen en este análisis tres niveles o dimensiones clave de las políticas educacionales: la legislación, las medidas administrativas y la gestión simbólica y comunicacional de quienes hoy conducen el sistema educativo.
En el plano legislativo, el gobierno ha enviado en esta primera fase de su mandato muy pocas iniciativas de cambio educacional. Se han presentado y tramitado algunos ajustes necesarios a las leyes aprobadas en el período anterior para la educación general (como la postergación del sistema de admisión en la Región Metropolitana o la “ley miscelánea”, que se ingresa todos los años para corregir algunos aspectos específicos de la normativa). En el caso de la educación superior, se ha presentado un proyecto de aceleramiento de la gratuidad para la educación técnico-profesional y también un nuevo sistema de crédito para la educación superior que, exceptuando el propio gobierno, nadie ha salido a respaldar con fuerza. Y ahí termina la lista. Tampoco se avizora algo demasiado distinto para los próximos meses, a juzgar por las señales que el propio ejecutivo ha dado.
¿Es importante revertir esto con urgencia? Me temo que no. La estabilidad del marco normativo, sobre todo para la educación escolar, no representa en este momento un problema mayor en el escenario de múltiples cambios y nuevas exigencias que hoy experimentan las comunidades educativas, fruto de las reformas recientes. Tanto la Ley de Inclusión como la Carrera Docente, y más gradualmente la Nueva Educación Pública, ofrecen a las escuelas y sus protagonistas un conjunto de oportunidades, pero también desafíos y complejidades para los cuales las variables tiempo y estabilidad son fundamentales.
En este marco de una legislación más bien estable, la lógica indicaría que la verdadera agenda educacional del gobierno se desarrollaría a través de “medidas administrativas” o de gestión regular del sistema escolar. Expectación ha existido entonces por conocer cuáles serán las políticas para enfrentar la “madre de todas las batallas”, como ha mencionado en varias ocasiones el propio presidente. Pero la sequía pareciera haberse extendido a este ámbito de acción. El anuncio más relevante hasta el momento ha sido la creación de una comisión de trabajo (denominada “Todos al Aula”), que tendrá la misión de proponer acciones para reducir la carga burocrática en las escuelas. Se ha informado adicionalmente sobre un par de “reestructuraciones” y creación de unidades ministeriales (con tareas todavía algo confusas y sin efecto claro para el sistema escolar). Se ha dicho también que se apostará por una nueva versión de “programas focalizados” (estrategia incansablemente usada, sin resultados sustentables, por las reformas de los años 90 en Chile) para apoyar a un grupo de escuelas clasificadas como “insuficientes” por la Agencia de Calidad. Aunque nadie podría dudar de la buena intención de estas medidas aisladas, es evidente que hoy el Mineduc no cuenta con una agenda de política clara y consistente para el mejoramiento de la calidad.
La realidad de estas dos dimensiones – la legislativa y la administrativa – colisiona y es contradictoria además con el relato que el ministro Varela y, en general, las autoridades educacionales han privilegiado en estos primeros meses de gobierno. Así, la actual administración ha insistido simbólicamente en criticar duramente las reformas de Bachelet (pidiendo incluso perdón por ellas), pero sin proponer cambio alguno a la dirección y contenido de dichas reformas. Por otro lado, el gobierno ha hecho un esfuerzo por comunicar estratégicamente que – ahora sí – “el foco del trabajo del MINEDUC estaría en el aula y en la calidad de la educación”, pero no ha logrado construir una agenda básica que permita que el sistema escolar confíe y valore este supuesto cambio de enfoque. No es claro entonces hacia dónde se espera movilizar a la educación chilena, y hoy el sistema educativo y sus actores se encuentran en una situación de desorientación y confusión general.
¿Cómo se llegó a esta situación de extravío e inconsistencia entre el relato educacional y las políticas que lo acompañan? Una de las hipótesis plausibles tiene que ver con lo complejo que ha resultado para el gobierno y la derecha educacional, en general, concentrar su atención y preocupación principal en la buena implementación (y por tanto aceptación) de las reformas aprobadas en el período anterior. Sus vacilaciones iniciales sobre la Ley de Inclusión y sobre todo con la Nueva Educación Pública son una expresión de aquello. A esto se suma un programa de gobierno (del que poco se ha hablado) profuso en ideas generales pero pobre en políticas concretas, que además la administración educacional del presidente Piñera no ha logrado transformar en un plan de acción sustantivo en casi 150 días de gestión. Se suma a todo lo anterior un sello político y comunicacional del ministro Varela, que ha generado más desconcierto que orientación en el sistema educativo (éste es un consenso que a estas alturas ya cruza con creces las barreras de la oposición y se está transformando en un problema mayor para el propio gobierno).
En este difícil escenario, lo razonable sería que el gobierno tome cuanto antes una decisión política definitiva respecto a la importancia de construir su propia agenda educacional, sobre la base de (y no “contra”) las transformaciones básicas que el sistema ya está experimentando. Esto exige cierta humildad, visión de Estado y un giro en el relato de las autoridades educacionales, que hoy transmiten más incomodidad con el pasado reciente que anhelos y proyectos de futuro. Para enfrentar mejor ese futuro, y en el entendido de que no será el actual gobierno el que impulse otras reformas estructurales indispensables (como la creación de un sistema de financiamiento justo), el Mineduc debiera intencionar un diálogo amplio para, durante el período, avanzar a lo menos en algunas áreas clave como una nueva política de formación docente (inicial y continua), una carrera y sistema nacional de formación para los directivos escolares, el fortalecimiento de la educación secundaria técnico-profesional, la transformación del poco razonable sistema de evaluación de aprendizajes y escuelas que tenemos, y la generación de mejores condiciones para la calidad de la educación inicial (como la reducción del coeficiente de educadoras por niño o niña). Medidas en estas áreas, junto a una prolija implementación de las reformas ya resueltas, podría permitir ir construyendo una necesaria hoja de ruta educacional para los próximos años. Es momento de salir del extravío.