Académicos UDP advirtieron en El Mercurio efectos de medidas migratorias sobre acceso a educación y salud

Cristián Cox, director del Centro de Políticas Comparadas de Educación UDP, y José Joaquín Brunner, director Doctorado en Educación Superior UDP publicaron una carta al director, en El Mercurio, titulada “Migración y derecho a educarse”, en la que manifestaron su preocupación por la posibilidad de exigir a escuelas y centros de salud públicos entregar información sobre personas migrantes en situación irregular en el marco de procedimientos de expulsión.

La carta fue firmada además por Magdalena Aninat, Rosita Puga y Lily Ariztía, quienes señalaron que las instituciones públicas “no pueden transformarse en espacios de vigilancia o denuncia”, ya que su función principal es educar, cuidar, acompañar y proteger a las personas, especialmente a niños, niñas y adolescentes.

En el texto, los autores sostuvieron que las escuelas, jardines infantiles, liceos y centros de salud construyen vínculos de confianza fundamentales para garantizar el aprendizaje, el cuidado y la permanencia de las familias en espacios de protección social. Asimismo, advirtieron que condicionar el acceso a estos espacios mediante mecanismos de delación podría provocar temor, ausentismo, deserción escolar y una mayor exclusión social.

Los firmantes también enfatizaron que trasladar funciones de control migratorio a docentes, directivos y funcionarios públicos desnaturaliza profundamente el propósito de las instituciones educativas y de cuidado. Finalmente, afirmaron que la protección de la infancia “no admite excepciones ni condiciones administrativas” y llamaron a abordar los desafíos migratorios con responsabilidad, resguardando los derechos fundamentales y la confianza en las comunidades.