Mario Alarcón y José Joaquín Brunner publicaron artículo sobre el FES en la revista International Higher Education
Para los investigadores, la propuesta del Fondo para la Educación Superior carece de fundamentos técnicos sólidos y pondría en riesgo la sostenibilidad financiera de las universidades.
07 / 04 / 2025
En octubre, el gobierno chileno presentó el proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES) para poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE). La propuesta generó dudas y críticas entre los especialistas por, entre otras cosas, el impacto financiero que podría provocar en las universidades. A propósito de esta discusión, Mario Alarcón, director Magíster en Gestión de Instituciones de Educación Superior UDP y José Joaquín Brunner, director Doctorado en Educación Superior UDP, publicaron el artículo “Student Loans or Taxes? Financing Reform in Chile” en la revista International Higher Education.
Según los autores, Chile presenta una de las tasas de participación más altas en educación superior a nivel mundial, por sobre el promedio de la OCDE. Esta cifra se debe en gran parte al Crédito con Aval del Estado (CAE), que se implementó en 2006 y que ha facilitado el acceso a más de 1,2 millones de estudiantes, pero que también recibió críticas por el endeudamiento, el rol de los bancos y el alto costo para el Estado. En 2024, el gobierno propuso reemplazar el sistema actual por un impuesto progresivo sobre los ingresos de los egresados, a través del Fondo para la Educación Superior (FES).
A juicio de Alarcón y Brunner, Chile se encuentra en un momento crítico en el diseño de políticas públicas de educación superior. “Se estima que el actual modelo de matrícula gratuita genera pérdidas de ingresos anuales de alrededor de 110 millones de dólares, y que el FES podría contribuir con un déficit adicional de 70 millones dólares. Estas restricciones podrían afectar la capacidad de las instituciones para mantener los estándares de calidad y responder a las crecientes demandas académicas”, afirmaron en el artículo.
Hasta el momento, continuaron, la propuesta del Fondo para la Educación Superior (FES) carece de fundamentos técnicos sólidos. “Su diseño, más basado en una oposición ideológica al endeudamiento que en un análisis financiero riguroso, no considera adecuadamente el costo real de la educación superior, incluyendo docencia, investigación e infraestructura”, asegura el director del Magíster en Gestión de Instituciones de Educación Superior UDP.
“La experiencia reciente con la gratuidad ya demostró los riesgos de subestimar estos costos, llevando a déficits significativos en universidades estatales y privadas. Además, la sostenibilidad del FES es cuestionable, dado que asume erróneamente que el esquema sería atractivo para profesionales con altos ingresos, quienes podrían preferir opciones de financiamiento privado más ventajosas”, añadió Alarcón.
Para alcanzar un acuerdo político con este proyecto, Alarcón planteó que “es imprescindible reintroducir mecanismos de copago privado moderado, establecer un sistema transparente para calcular los costos reales de las carreras, y adoptar un esquema progresivo y contingente al ingreso, que combine solidaridad con sostenibilidad fiscal”. Solo de esta forma, añadió, “podría asegurarse una educación superior accesible y de calidad sin comprometer la estabilidad financiera de las instituciones”.
Los autores creen posible una reforma profunda y pragmática del esquema actual. “El Crédito con Aval del Estado, por ejemplo, podría perfeccionarse significativamente introduciendo un modelo de pago contingente al ingreso, con tasas cercanas al costo estatal de financiamiento y períodos de gracia más amplios. Esto aliviaría considerablemente la carga económica inicial para los estudiantes y permitiría que quienes ganan más contribuyan en mayor medida”, afirmó Alarcón.
En la publicación, los investigadores proyectan que la propuesta del FES pone en riesgo la autonomía y sostenibilidad financiera de universidades estatales y privadas al depender excesivamente del financiamiento del Estado. “Esta dependencia podría forzar recortes en calidad educativa, infraestructura e investigación, ya que los aranceles regulados raramente reflejan los verdaderos costos educativos, especialmente en carreras costosas, pero socialmente indispensables. Eliminar el copago privado agravaría esta situación, poniendo en riesgo la viabilidad económica a largo plazo y la diversidad institucional, aspectos críticos para asegurar un sistema universitario sólido y plural”, sostuvo el director del Magíster en Gestión de Instituciones de Educación Superior UDP.