La desmunicipalización del Ministro Varela

Voces de La Tercera. Columna de Gonzalo Muñoz.

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Durante las últimas semanas, el Ministro Varela ha dado las primeras señales respecto a la visión que tiene el actual Mineduc sobre el proceso de desmunicipalización de la educación pública. Y el balance es claro, en vez de poner la atención en una buena implementación del proceso hoy a su cargo, ha concentrado su relato y posición pública en un aspecto específico de la ley, al parecer crucial para la actual administración: las excepciones que podría tener este proceso de cambio institucional. En el marco de esas señales, el ministro ha privilegiado reunirse con los alcaldes que “no quieren traspasar sus colegios”, focalizando su discurso en la posible mantención de la educación en algunos municipios y no en el nuevo diseño institucional que democráticamente se zanjó el año 2017 (con más de un 60% de apoyo en ambas cámaras) y que es urgente implementar con calidad.

¿Tiene sentido esta discusión sobre las “excepciones” a poco más dos meses de haber iniciado la ejecución de una de las reformas institucionales más importantes de la historia educacional chilena?

Vamos primero a los hechos objetivos y lo que dice la norma (que no es exactamente lo que las autoridades públicamente han planteado). La ley de Nueva Educación Pública establece una transición clara entre los años 2018 y 2025 (¡no el 2030!) para que todo el sistema educacional público pase al nuevo régimen, a cargo ahora de los Servicios Locales de Educación (SLE). A este gobierno le tocará dejar funcionando once de esos SLE al final de su administración. Le corresponde también iniciar una evaluación de la implementación del proceso (a través de un consejo evaluador, que el Mineduc ha tardado en nominar), que recién el 2021 debe emitir un informe que podría traducirse en propuestas y mejoras, entre ellas la posible postergación al año 2030 para el término del traspaso.

Respecto a las excepciones, es cierto que la ley permite esa posibilidad (con cierta ambigüedad respecto a su extensión en el tiempo). Sin embargo, el espíritu, la historia y los literales de la ley son claros: se trata de una postergación completamente excepcional, que se podrá autorizar sólo para aquellos municipios donde exista evidencia consistente de “buenos resultados educacionales” en distintas áreas (clasificación de establecimientos según Agencia de Calidad, aumento de matrícula, inexistencia de deuda con sus trabajadores, límites de deuda acumulada). De producirse tal postergación, además, se deberá verificar anualmente el cumplimiento de estas exigencias, lo que puede derivar en el término anticipado de la excepción.

Una primera simulación, utilizando las fuentes de datos secundarios disponibles, indica que los municipios que estarían en condiciones de solicitar la excepcionalidad del traspaso no son más de 35 en todo Chile (sólo un 10% del total de los municipios). Entre ellos además no se encuentra ninguna de las comunas que hasta el momento desde el Mineduc se han mencionado como ejemplos de posible excepción a los que “habría que escuchar” (Santiago, Ovalle y Rancagua). Ni estos ni la gran mayoría de los municipios en Chile cumple con los criterios de calidad que la propia ley hoy establece para postergar su ingreso a la Nueva Educación Pública. Al revés, la mayor parte del sistema educacional municipal se encuentra en crisis. Por algo había y hay que desmunicipalizar.

En este escenario, es evidente que la “oferta” que hoy hace el Ministro Varela a los distintos alcaldes no tiene mucho sentido, genera una expectativa que el gobierno no tendrá ninguna posibilidad de cumplir y además se contradice con el “foco en la calidad” que esta nueva administración ha comprometido priorizar.

Más que acelerar la evaluación de un proceso recién iniciado, lo razonable hoy es aunar esfuerzos desde los distintos sectores y actores para sacar adelante la Nueva Educación Pública y transformarla en mejores oportunidades de aprendizaje para los niños, niñas, jóvenes y adultos que ahí se desarrollan. El verdadero desafío del gobierno consiste en implementar con rigurosidad y buena gestión la legislación y dar una señal ineludible de apoyo y compromiso con la educación pública. La Nueva Educación Pública es además el mejor escenario para que el gobierno de Sebastián Piñera aclare su hasta ahora difusa hoja de ruta en materia de política educativa y plasme – con acciones concretas ahí donde más se necesita – la promesa de hacer de la infancia, la sala de clases y la calidad sus principales banderas.