Los dilemas educacionales del gobierno de Piñera

Voces de La Tercera. Columna de Gonzalo Muñoz.

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La designación de Gerardo Varela como Ministro de Educación sorprendió al mundo político y educacional, que ha invertido tiempo – infructuosamente en mi opinión –  en elaborar múltiples hipótesis respecto a cuál es el diseño tras este nombramiento, tratando de anticipar, a partir de la trayectoria y opiniones previas del Ministro, el sello que tendrá esta nueva administración educacional. Tarea poco provechosa insisto, pues si bien los nombres y equipos que lideran el MINEDUC  juegan siempre un rol fundamental, la discusión medular hoy debiera girar en torno a cómo el gobierno va a responder a las principales interrogantes de política educativa que marcarán el ciclo 2018-2021. Tres son al menos los dilemas y desafíos que enfrentará la gestión que se iniciará en educación en marzo próximo.

Hecha ya la aclaración – en palabras del propio presidente electo y su ministro – de que el foco no estará en retrotraer las reformas (sino más bien en “perfeccionarlas”), el primer dilema a dilucidar es si la nueva administración tendrá la capacidad política y técnica para implementar con calidad las políticas educacionales en las cuales se avanzó en el periodo de Bachelet. Es evidente que hoy, junto al programa de gobierno, en el escritorio y carpetas del Ministro Varela y sus asesores ocupan un lugar especial las 29 leyes aprobadas en el periodo 2014-2018, cuya implementación gradual tomará ineludiblemente una parte importante del esfuerzo gubernamental de los próximos cuatro años. Ley de Inclusión, Carrera Docente, Nueva Educación Pública, y las reformas a la educación superior lideran en importancia y complejidad este desafío.

Si bien al comienzo de la administración la tentación estará radicada, naturalmente, en el anhelo de un legado propio y nuevas políticas, lo cierto es que este escenario inédito en la historia educacional chilena (muchísimos cambios sustantivos aprobados democráticamente en muy poco tiempo), sumado a la nueva configuración del Congreso (donde Chile Vamos no tiene mayoría) deja un margen de acción muy acotado para estas nuevas políticas y hace que la promesa de una gestión pública de excelencia – tan relevada por la derecha en sus últimas campaña presidenciales – tenga más sentido que nunca. Nos guste o no, los próximos serán años de implementación, y el gobierno será, primero que todo, evaluado desde esa perspectiva.

El segundo dilema que enfrentará el gobierno de Piñera en educación tiene que ver con la agenda definitiva que seguirá la nueva administración en materia de calidad y, más específicamente, con la manera en la que se responderá a la promesa presidencial de – ahora sí –  “poner el foco en la sala de clases”. Es esta una interrogante absolutamente abierta, dado que el programa de gobierno presenta – desde la educación inicial a superior – un conjunto desarticulado de ideas o medidas generales y no hace una propuesta consistente para promover una mejora sustantiva e integral en los aprendizajes de los estudiantes en estos distintos niveles. En parte esto tiene que ver, me temo, con una concepción de la mejora educativa donde las respuestas están mucho más cerca de políticas de dudoso pronóstico como la creación de fondos e iniciativas de “innovación pedagógica” (solución casi obligada a los problemas educacionales de la actualidad), el desarrollo de aplicaciones para smartphone (dos veces mencionadas en el programa) o la puesta en marcha de nuevos o antiguos programas focalizados (como los liceos bicentenario), que de iniciativas que sí pueden afectar estructuralmente la calidad, como el fortalecimiento de la profesión docente (escasean propuestas concretas que avancen en esta dirección, por ejemplo en el ámbito de la formación inicial y continua) o la modificación de ciertas condiciones que influyen directamente en lo que ocurre en la sala de clases (y donde la racionalidad del currículum y de la evaluación son aspectos fundamentales, pero completamente ausentes en el programa).

Si bien al nuevo gobierno, por razones obvias, no puede exigírsele un nuevo ciclo de reformas estructurales que simplemente no considera necesarias (como el cambio al sistema de financiamiento), lo básico es contar con una hoja de ruta clara en cuanto a las políticas de mejoramiento de la calidad educativa, que pueda ser objeto de evaluación y escrutinio público. Si la calidad y el aula serán el foco, entonces todos los actores del sistema educacional merecen conocer cuál será el plan específico y las metas con las que la nueva administración desarrollará su trabajo en este plano. No es una tarea fácil, considerando además que el programa de gobierno en su anexo financiero estableció que serán 1.500 millones de dólares los destinados a nuevas iniciativas educacionales (un 10% del costo total del programa de Piñera y menos de 1/4 de todo lo invertido y proyectado legalmente por la reforma educacional impulsada por el gobierno que termina).

La última interrogante abierta sobre el gobierno de Piñera en educación – condición para el buen desempeño frente las dos anteriores –  es si éste tendrá o no la capacidad de darle gobernabilidad y conducción al sistema educacional, sobre todo teniendo en cuenta que la peor crisis de su primer mandato vino de la mano de una deficiente gestión política de la relación con los actores y de una incapacidad manifiesta de escuchar y dialogar con el mundo educacional. Varela ha planteado que uno de los objetivos de su mandato será “sacar a la educación del salón del Congreso y volverla a la sala de clases; sacarla de la política y volverla a la docencia y a la investigación”. Más allá del grado de acuerdo que tengamos con esta importante afirmación (el debate educacional es siempre una discusión sobre fines, y solo después sobre medios e instrumentos, por lo cual en su deliberación democrática hay un valor y no un problema), lo cierto es que esta definición política abre un gran desafío para el gobierno de Piñera, pues la invitación general a dialogar y consensuar una mirada de futuro sobre la educación deberá traducirse – ahora también fuera del Congreso, usando los mismos términos de Varela – en espacios de participación y trabajo con los distintos actores y organizaciones de la educación, que la nueva administración deberá encargarse de construir. De otra manera, la historia – por todos conocida – de su primer mandato podría repetirse.