El Mostrador | Liliana Ramos
23 / 11 / 2020
Como resultado de la pandemia, las comunidades escolares han constatado una multiplicación de necesidades educativas en sus estudiantes, producto de la falta de accesibilidad al proceso educativo, la profundización de la pobreza y la consecuente ausencia de contextos propicios para aprender. En este marco, el apoyo de profesionales de Programas de Integración Escolar (PIE) es de vital importancia, para aportar al diseño de respuestas educativas ajustadas a la diversidad de necesidades educativas que ya se están abordando y frente a las que será necesario responder de manera efectiva y contundente una vez que se regularice –si es posible– la vuelta a clases en 2021.
Los equipos PIE, que incluyen a docentes diferenciales y asistentes de la educación, constituyen un apoyo no solo para quienes presentan un diagnóstico clínico, sino para todos los y las estudiantes del aula, brindando soporte en aspectos socioemocionales y pedagógicos, y colaborando con docentes regulares y equipos directivos para asegurar el derecho a la educación de todas y todos.
Frente a esta realidad, es de esperar que el Ministerio de Educación resuelva mantener y, de ser necesario, aumentar la dotación de profesionales de los PIE para el próximo año. Desde un enfoque inclusivo y de derechos, sería recomendable suspender el proceso de evaluación integral formal asociado a la subvención de los PIE en todos los establecimientos educativos del país, independientemente de la fase en que se encuentren las comunas. Esto, ya que no existen condiciones que aseguren su correcta implementación, tanto desde un punto de vista sanitario como por la situación inusual en que se encuentran las niñas, niños y adolescentes, sus familias y los mismos profesionales, lo que evidentemente puede afectar la experiencia evaluativa y sus resultados. Además, los equipos no deberían desatender la función de apoyo que hoy en día se encuentran realizando.
En la situación actual, lo más razonable es mantener el presupuesto asignado en 2020 a cada establecimiento y aumentarlo frente a solicitudes justificadas, no asociadas necesariamente a diagnósticos clínicos, ya que las necesidades educativas especiales pueden o no estar asociadas a ellos. De hecho, muchas necesidades educativas, presentes en las aulas chilenas, están vinculadas a condiciones de vulnerabilidad afectiva, social y económica o a las precarias situaciones de vida de niñas y niños migrantes, entre otras realidades.